El Tribunal de la Competencia no autoriza a los grandes editories españoles la creación de Gedeprensa. Una gran victoria para la libertad de información

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), en una resolución divulgada ayer, "ha resuelto no autorizar el acuerdo marco relativo a la creación de una entidad Gestora de Derechos de Propiedad Intelectual para la elaboración de resúmenes de prensa solicitado por Prisacom, Unidad Editorial, Recoletos y el Grupo Godó".

Gedeprensa, compañía creada por Recoletos, Prisa, Vocento, Godó y Unedisa --a los que se unió posteriormente Prensa Ibérica-- para cobrar por los resúmenes de prensa, ya ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional la «sorprendente» y «extemporánea» resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Como explica Hispanidad.com, "la verdad es que, en esta ocasión, David ha vencido a Goliat".

De entrada, en un lado figuraban los señores de la prensa, con los grupos Prisa-Sogecable, Vocento-ABC, El Mundo, Recoletos y La Vanguardia, capitaneando la operación, agrupados en la sociedad Gedeprensa, que quería convertirse en una SGAE de derechos de autor en periódicos. Enfrente, contaban con un conjunto de pymes dedicadas a elaborar resúmenes a medida para instituciones públicas. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, apoyaban a los grandes editores. Respaldando a Gedeprensa, el bufete más famoso de Madrid: Uría y Menéndez, con una nómina donde se esconde un ex presidente de la CNMV o destacados ex jueces de la Audiencia Nacional. Es también el bufete favorito de Emilio Botín. Enfrente, la AESIP contaba con el pequeño despacho de abogados Letrados y Asesores, que dirige Javier Bravo. Incluso, Gedeprensa tenía dentro de AESIP a un submarino que trabajaba en su favor: Acceso Group, con el apoyo del inefable Leopoldo Rodés, hombre de los hermanos March y capo de la mayor central de medios española, Media Planning.

Pues bien, a pesar de todo lo anterior, el Tribunal de Defensa de la Competencia no sólo ha dado la razón a los ‘clipineros’, sino que resucita el sentido tradicional del derecho de cita y de quienes tienen derecho a utilizarlo (artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual) y prohíbe a Gedeprensa crear un mercado por el que todo aquel que hiciera resúmenes de prensa debería pagar a los editores un canon.

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